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Cuba aprueba nuevas cooperativas y ofrece beneficios fiscales

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El gobierno cubano aprobó cinco nuevas normas jurídicas que establecen la creación de cooperativas en actividades no agropecuarias. En la primera etapa está prevista la constitución de más de 200 sociedades de ese tipo en todo el país, en sectores como el transporte, la gastronomía, la pesca, los servicios personales y domésticos, la recuperación de materias primas, la producción de materiales y los servicios de la construcción.
La ley ha sido bien recibida por los emprendedores; aunque persisten las críticas, porque, por ejemplo, no se establece ninguna forma legal para la inversión extranjera. Esta ha sido una de las peticiones más recurrentes de los trabajadores del sector privado; pero, hasta el momento, el gobierno se ha negado a aceptar capital foráneo para actividades económicas que no sean controladas por el Estado.
De acuerdo con esas normas, las cooperativas contarán con personalidad jurídica y se constituirán voluntariamente por sus socios con fines económicos y sociales, a lograr mediante la gestión colectiva. Estas cooperativas no se subordinarán administrativamente a ninguna organización estatal.
En el caso de una cooperativa que se dedique a la producción de materiales de la construcción, por ejemplo, tendrá que respetar las normas de calidad establecidas por el Ministerio de la Construcción para esas producciones. El máximo órgano que dirigirá las cooperativas será la Asamblea General que integran todos sus socios, donde cada uno posee un voto para decidir sobre cualquier asunto relacionado con el colectivo. Esa instancia, entre otras funciones, elegirá al presidente de la cooperativa.
Las nuevas asociaciones podrán usar y disponer de los bienes que le pertenezcan, gestionar los arrendados, así como cubrir sus gastos con los ingresos que generen mediante su trabajo. Las normas señalan, además, que los precios de los productos y servicios que comercialicen serán determinados por las propias cooperativas según la oferta y la demanda, excepto aquellos que el gobierno determine.
De acuerdo con el Decreto-Ley No.305, las cooperativas no agropecuarias pueden ser de primer grado: compuestas mediante la integración voluntaria de al menos tres personas naturales; o de segundo grado: formadas a partir de dos o más cooperativas de primer grado.
En el caso de las primeras, estas pueden crearse a partir de cuatro variantes: por aportes de sus socios para conformar un patrimonio colectivo; por la unión de socios que conservan la propiedad de sus bienes con la finalidad de adquirir conjuntamente insumos y servicios, u otros; a partir del arrendamiento de medios de producción del patrimonio estatal (como los inmuebles y otros activos fijos); o la combinación de las opciones anteriores.
Sobre los bienes aportados al patrimonio por los socios, el reglamento de las cooperativas no agropecuarias de primer grado (Decreto No. 309/2012 del Consejo de Ministros) establece que estos serán pagados por la propia entidad a sus antiguos propietarios del modo y en los plazos que acuerden entre sí.
Esta medida va dirigida a que todos los socios posean los mismos derechos sobre los bienes que administran, que cada uno tenga derecho a un voto y a que la forma distributiva en las nuevas asociaciones sea de acuerdo al trabajo aportado por cada quien.
Las personas naturales que pretendan constituir una cooperativa no agropecuaria deberán presentar su petición a los gobiernos locales (Poder Popular municipal) y, luego de su procesamiento a diferentes niveles, esa solicitud será sometida por los organismos rectores de la actividad a la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, que la evalúa y tramita al Consejo de Ministros. Un vez aprobada o denegada la propuesta, se informa la decisión a los interesados por la misma vía que la presentó. No se aclara cuánto tiempo demorará el proceso, pero por la cantidad de pasos a seguir, consideraron algunos expertos, la espera será superior a un mes.
En esta etapa, las cooperativas que se conformarán solo serán de primer grado, aunque el Decreto-Ley No. 305 establece el límite de un año para la implementación de las normas que regulan el funcionamiento de las cooperativas de segundo grado.
Por otra parte, la Ley No. 113 del Sistema Tributario en Cuba —que entrará en vigor en enero de 2013— prevé beneficios fiscales para estas cooperativas, en comparación con otras formas de gestión privada. Entre estos figura la aplicación de una escala para el pago del Impuesto sobre Utilidades inferior a la de los trabajadores por cuenta propia.

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